El medicamento no es una mercancía cualquiera: acceso oportuno, uso racional y seguridad farmacéutica

El acceso a los medicamentos constituye un componente esencial del derecho a la protección de la salud. Sin embargo, garantizar ese acceso no consiste únicamente en asegurar que los productos estén disponibles y tengan un precio asequible. También exige garantizar su calidad, una dispensación segura y un uso racional e informado.

Los medicamentos, por sus efectos terapéuticos y sus riesgos potenciales, no son bienes de consumo ordinario. Su utilización inadecuada puede provocar reacciones adversas, interacciones, intoxicaciones, errores de medicación, dependencia y otros daños evitables. La automedicación sin información suficiente, el consumo innecesario y la promoción de ventas indiscriminadas pueden agravar estos riesgos y generar consecuencias tanto para las personas como para los sistemas de salud.

Por ello, el acceso debe ir acompañado de conocimiento especializado, orientación sanitaria y supervisión profesional. El químico farmacéutico cumple una función esencial en la atención farmacéutica: contribuye a que los medicamentos se seleccionen, dispensen y utilicen correctamente, identifica riesgos y favorece decisiones informadas sobre los tratamientos.

Facilitar el acceso no puede significar debilitar las garantías sanitarias. Ninguna reforma regulatoria destinada a ampliar la disponibilidad o reducir los costos debe prescindir de los profesionales responsables de la atención farmacéutica ni convertir la dispensación de medicamentos en una actividad subordinada exclusivamente a criterios comerciales.

La experiencia internacional demuestra que existen distintos modelos de organización y regulación de las farmacias. Sin embargo, las decisiones sobre su funcionamiento deben considerar no solo la disponibilidad de establecimientos o los precios, sino también la seguridad de los pacientes, la calidad de la dispensación y la continuidad de la atención farmacéutica. La flexibilización de las reglas comerciales no garantiza, por sí sola, mejores resultados sanitarios.

Asimismo, la asequibilidad económica es fundamental. El precio no debe convertirse en una barrera que impida acceder a un tratamiento necesario. Pero reducir costos y ampliar los canales de distribución no debe hacerse a expensas de la calidad, la información al paciente o el control profesional. Una política sanitaria responsable debe buscar mecanismos que permitan mejorar el acceso sin trasladar a las personas los riesgos de una dispensación insuficientemente supervisada.

La farmacia debe entenderse como un establecimiento sanitario, no como un punto de venta indiferenciado. Su finalidad no puede limitarse a comercializar productos: debe contribuir a la prevención de problemas relacionados con los medicamentos, promover la adherencia terapéutica y favorecer su utilización segura, eficaz y racional.

Desde esta perspectiva, la dirección técnica y la participación efectiva del químico farmacéutico constituyen garantías relevantes para la salud pública. Su función no es un obstáculo administrativo para el acceso, sino parte de las condiciones que permiten que ese acceso sea seguro y adecuado. La regulación debe procurar que la actividad comercial sea compatible con las responsabilidades sanitarias propias de la farmacia.

El debate, por tanto, no debe plantearse como una elección entre facilitar el acceso y proteger la salud. Ambos objetivos son inseparables. La disponibilidad oportuna, la asequibilidad económica, la calidad de los medicamentos, la dispensación segura y el uso racional e informado deben formar parte de una misma política pública.

El verdadero acceso a los medicamentos no consiste solamente en poder adquirirlos, sino en recibirlos oportunamente, a un costo razonable, con garantías de calidad y bajo condiciones que favorezcan su uso correcto. Toda reforma debe fortalecer ese propósito, no debilitarlo.